El pasado viernes culminaron exitosamente las negociaciones de APROMAR con la Dirección General de Costas para una nueva cuantificación del canon de ocupación del dominio público marítimo-terrestre con la publicación en el BOE de la Ley del Patrimonio Natural que incluye un artículo que modifica la Ley de Costas en lo que se refiere a este canon específicamente para la acuicultura.

La acuicultura marina es una actividad que necesita para su realización de la ocupación de espacios del dominio público marítimo-terrestre, para lo cual requiere el otorgamiento de concesiones de ocupación sujetos al pago de un canon. Desde el año 1988 en que se aprobó la Ley de Costas (Ley 22/1988) -que no preveía el surgir de esta nueva actividad- el desarrollo de la acuicultura marina en España se ha visto frenado por la aplicación de cánones de ocupación desorbitados, imprevisibles y desiguales entre las diferentes regiones, siendo esta una de las principales causas por las cuales España ocupa hoy una posición secundaria en la producción de peces marinos de acuicultura en el Mediterráneo (13% del total), a gran distancia de Grecia (46%) y Turquía (25%).

Durante más de 10 años los intentos por adecuar este canon a las particularidades de la acuicultura en su ocupación del dominio público fuero infructuosos y las necesidades de la acuicultura desatendidas. Sin embargo, en 2004 se inició una nueva etapa de negociaciones entre APROMAR y la Dirección General de Costas (Ministerio de Medio Ambiente), con el apoyo decisivo de la Dirección General de Estructuras y Mercados Pesqueros de la Secretaría General de Pesca Marítima (MAPA), que han rendido ahora sus frutos. A lo largo de 3 años se han mantenido frecuentes reuniones tripartitas, se han realizado diversos estudios técnicos y se ha buscado una fórmula de cálculo que satisficiera a todas las partes, incluido al Ministerio de Economía y Hacienda. APROMAR pudo constatar en todo momento que la nueva posición de la Administración fue constructiva y positiva, destacando especialmente la visión de futuro y el esfuerzo por alcanzar una solución del subdirector general de dominio público D. Ángel Muñoz Cubillo y del entonces director general de estructuras y mercados pesqueros D. Alberto López García-Asenjo.

Una vez alcanzado un principio de acuerdo entre la Dirección General de Costas, la Secretaría General de Pesca Marítima y APROMAR, fue necesaria la aquiescencia del Ministerio de Economía y Hacienda. Y posteriormente, para dar validez legal a la modificación de la Ley de Costas, fue necesaria su aprobación en Congreso y Senado a través de una norma con rango de Ley. Para ello se aprovechó la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (Ley 42/2007), una de las últimas leyes aprobadas en esta legislatura. El artículo contenedor de la nueva cuantificación del canon no sufrió enmienda o cambio alguno ni en el Congreso de los Diputados ni en el Senado gracias a una labor previa de negociación con los principales grupos parlamentarios.

La nueva cuantificación del canon mantiene la base de cálculo establecida en la Ley de Costas pero estableciendo unos coeficientes específicos para la acuicultura. Con ello el coste del canon será fijo por unidad de superficie. Un aspecto atractivo de este nuevo canon es que incentivará mejores prácticas medioambientales en las empresas a través de descuentos de hasta el 40% sobre la cuantía total del canon. Debe recordarse que este canon es por la simple ocupación de los espacios públicos y es independiente del canon de vertidos.

El nuevo canon, sin ser el óptimo demandado para la patronal APROMAR, sí es bueno y aceptable ya que cumple con los preceptos que se le exigían: cuantía asumible por las empresas del sector, previsibilidad de su importe y uniformidad entre las diferentes regiones costeras.

La solución a esta traba crónica a la acuicultura marina española no habría sido posible sin el apoyo concertado de la Secretaría General de Pesca Marítima, de las direcciones de pesca de las Comunidades Autónomas, del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados, del Observatorio Español de Acuicultura, de la Sociedad Española de Acuicultura, de centros de investigación y de universidades, que dieron unánimemente su apoyo a esta demanda sectorial y contribuyeron a convencer al Ministerio de Medio Ambiente sobre la importancia de esta reclamación.